Durante el año 2019 se registraron en todo el país más de 90.000 ciberdelitos de las cuales se logró esclarecer 22.111, lo que representa un 24,56%.
El Vishing es un tipo de estafa informática, en el que el cibercriminal, utilizando el teléfono móvil o el correo electrónico, se hace pasar por una fuente fiable. Para conseguir un Vishing eficaz, el cibercriminal busca engañar a su víctima y obtener sus datos personales, normalmente alegando supuestas razones de seguridad. La finalidad del Vishing es robar la identidad o el dinero de los usuarios y empresas (obteniendo fraudulentamente los datos de sus cuentas bancarias).
Se trata de una directiva comunitaria que debía haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de mayo de 2018. Era una antigua carencia a la que por fin se está dando forma.
De todos es conocido el auge operativo de las criptomonedas en la actualidad.
Desde hace mucho tiempo, Internet se ha convertido en un universo de información incontrolable. Este es un fenómeno que no deja de crecer día a día. Millones de personas publican artículos, blogs e incluso fotografías y vídeos de su propia creación para darse a conocer ante el mundo entero
La Ley Orgánica de Protección de Datos por infracciones penales se tramitará por el procedimiento de urgencia
En esta entrada vamos a tratar una de las instituciones más importantes que existen en el ámbito del derecho penal: la prescripción de los delitos
Esta es una pregunta que nos hacen muchas veces en el despacho
El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de 5 años y 6 meses de prisión por un delito continuado de estafa en su modalidad agravada, ya que la cuantía de lo defraudado supera los 50.000 euros, a un hombre dedicado profesionalmente al asesoramiento fiscal, contable y financiero.
El pasado 23 de diciembre se celebró la jornada organizada por la Fundación Corell, bajo el título “Diez años de Responsabilidad Penal”
El art. 588 sexies c.4 regula un tema muy interesante que es la posibilidad de que la Policía Judicial pueda registrar dispositivos de almacenamiento masivo de información sin previa habilitación judicial en los casos de urgencia en los que, además, se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida y, siempre, con convalidación posterior del Juez.
Un nuevo protocolo, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad, lo permite