Policía Nacional y Guardia Civil ya pueden tramitar on line las denuncias por hurto desde los propios comercios

Policía Nacional y Guardia Civil ya pueden tramitar on line las denuncias por hurto desde los propios comercios

Un nuevo protocolo, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad, lo permite

Un nuevo protocolo, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad, permite a los agentes de la Policía y Guardia Civil tramitar la correspondiente denuncia de forma telemática, grabarla en sus sistemas informáticos y realizar las citaciones para un enjuiciamiento rápido y en el mismo establecimiento en que se haya cometido el hurto, siempre y cuando el presunto autor sea sorprendido in fraganti  y esté a disposición del personal de seguridad del comercio afectado.

Este nuevo mecanismo minimizará el impacto de un problema que ocasiona pérdidas cercanas a los 1.800 millones de euros anuales a las empresas españolas según estimaciones de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) con más de 30.000 empresas afiliadas, cuya facturación asciende al 20% del PIB.

Este nuevo protocolo está ya  vigente desde el primer lunes de noviembre.

El magistrado Luis  Acayro Lázaro, titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santander, y uno de los pioneros de la celebración de juicios telemáticos en nuestro país,  está convencido de que “sin duda, se van a reducir los plazos de tramitación policial, la eficacia de estos juicios,  y minimizar los perjuicios de tiempo y organización que siempre supone para los denunciantes, por lo que todo son beneficios”.

En septiembre de 2020 se abrió un plazo para que se adhieran las entidades comerciales que lo deseen, si bien precisan disponer de un departamento de seguridad legalmente constituido y un servicio de vigilancia privada contratado.

Además, los establecimientos deberán ser inspeccionados por policías para verificar si cumplen ciertos requisitos logísticos, como un lugar reservado para tramitar denuncias o un equipo informático adecuado para acceder a las aplicaciones informáticas policiales. Este mecanismo se podrá ampliar en el futuro a otros supuestos delictivos, siempre que sean delitos leves.